La Cámara de Cuentas dice que Arcgisa podría ser declarada insolvente si no recupera sus ingresos

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Un informe hecho público hoy por la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el ejercicio 2017 de la empresa pública comarcal Arcgisa señala que el estancamiento de la cifra de negocio en los últimos tres años de la mercantil está ocasionando un incremento constante del endeudamiento, y añade aún más: “La sociedad podría verse abocada a una situación de insolvencia en el caso de que no se tomen medidas necesarias para revertir esta circunstancia y reestablecer el equilibrio patrimonial y financiero”.

Restablecer el equilibrio patrimonial y financiero, o lo que es lo mismo, generar más ingresos para hacer frente a los gastos. Esta es la opinión que expone hoy la Cámara, pero que ya fue expresada el pasado verano por el director general de la empresa, José Manuel Alcántara, quien ya advirtió a la Junta General que había que tomar medidas como la subida de las tasas de los diferentes servicios que presta la empresa de la Mancomunidad de Municipios; el aumento del cobro de los impagos o el pago de la deuda que los ayuntamientos mantienen con Arcgisa y que supera, como refleja la Cámara de Cuentas de Andalucía, los diez millones de euros.

Esta situación se ha originado, como ya ha explicado en numerosas ocasiones la dirección de la empresa, como consecuencia del estancamiento de la facturación de la sociedad, que tiene congeladas las tasas desde hace 7 años. El informe del órgano andaluz, relativo al año 2017, no incluye algunas de las medidas que ya ha tomado Arcgisa en 2018 y 2019 para reducir los impagos de los clientes morosos; aunque es cierto que aún no se ha llegado a ningún acuerdo con los Ayuntamientos para que abonen su deuda.

El informe alude a otras “incorrecciones” como el hecho de que haya tres trabajadores de Arcgisa que están trabajando para la Mancomunidad; o que existan inmuebles que no están adscritos a la sociedad, hecho este que se ha corregido en estos últimos años con la cesión de las depuradoras de Isla Verde y Arenillas; y otros aspectos relacionados con procesos administrativos que deberán ser corregidos por la empresa pública.

 

 

 


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